Lima — 2025.
El caso Pedro Castillo continúa siendo uno de los episodios más polarizantes de la política peruana reciente. Su ascenso inesperado, su corto y accidentado gobierno, su caída en medio de acusaciones de intento de golpe de Estado y su posterior encarcelamiento han marcado el debate público durante los últimos años. Para defensores y críticos, el caso no está cerrado: representa, para unos, un ejemplo de persecución política estructurada sobre prejuicios raciales; para otros, la evidencia de un presidente que quebró el orden constitucional y fue incapaz de gobernar sin redes de corrupción.

De maestro rural a presidente: el ascenso inesperado

En 2021, Pedro Castillo Terrones, maestro rural, rondero y sindicalista, irrumpió en una escena política dominada durante décadas por élites limeñas. Su campaña, que recorrió cerros, caseríos y plazas olvidadas, lo posicionó como la voz de sectores históricamente marginados. El candidato de Perú Libre llegó a segunda vuelta contra Keiko Fujimori, en una contienda marcada por fuerte carga emocional.

Organismos electorales, misiones de observación y entidades internacionales certificaron la validez de las elecciones. Sin embargo, desde su proclamación, Castillo enfrentó cuestionamientos sobre la legitimidad de su triunfo, denuncias de fraude nunca corroboradas y una campaña de deslegitimación que incluyó expresiones racistas y ataques de clase. Su llegada al poder fue, desde el primer día, contestada por un sector importante del Congreso y de grupos económicos y mediáticos.

Un gobierno frágil, cercado y lleno de contradicciones

Castillo asumió con escasa experiencia política, un entorno sin cohesión y constantes disputas dentro de su propio partido. Su gestión estuvo marcada por rotación récord de ministros —más de 80 cambios en 16 meses—, denuncias de corrupción en su círculo cercano, presiones desde la oposición y fracturas internas.

Su gobierno fue errático, inestable y plagado de improvisaciones. Sin embargo, también enfrentó un escenario político hostil: un Congreso fragmentado que presentó tres intentos de vacancia presidencial, investigaciones simultáneas de la Fiscalía y una maquinaria mediática que amplificó cada error y crisis interna.

El 7 de diciembre de 2022: el punto de quiebre

El día que marcó su caída fue el 7 de diciembre de 2022. Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un “gobierno de excepción”. La mayoría de instituciones del país desconoció la medida. Las Fuerzas Armadas no le dieron respaldo. Minutos después, fue detenido mientras intentaba dirigirse a la Embajada de México.

El Congreso lo destituyó de inmediato. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia esa misma tarde.

Para sus críticos, Castillo intentó un golpe de Estado. Para sus simpatizantes, lanzó una medida desesperada luego de un cerco político que, tarde o temprano, buscaba destituirlo.

Protestas, represión y decenas de muertes

Su caída provocó una ola de protestas sociales sin precedentes desde el año 2000. Miles de ciudadanos marcharon en Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac y otras regiones exigiendo la libertad de Castillo, el cierre del Congreso y una nueva Constitución.

La respuesta del Estado fue duramente cuestionada. Organismos como la ONU, CIDH y Amnistía Internacional señalaron uso excesivo de la fuerza y documentaron más de 60 personas fallecidas durante las protestas. Las consecuencias siguen siendo investigadas.

Encarcelamiento, juicios y nuevas condenas

Castillo fue recluido en el penal de Barbadillo, donde también estuvo el expresidente Alberto Fujimori. Desde entonces enfrenta varios procesos:
– Rebelión y conspiración, por su mensaje del 7 de diciembre.
– Corrupción y organización criminal, por presuntas redes de contratación irregular dentro del Estado.
– Colusión agravada, según nuevas pesquisas de la Fiscalía.

En 2025, fue sentenciado a más de 11 años de prisión por conspiración, no por golpe de Estado —una diferencia legal relevante que sus defensores utilizan para argumentar que la acusación fue «imprecisa» o «forzada».

Mientras tanto, organismos de derechos humanos han cuestionado la proporcionalidad de algunas medidas judiciales. Sus abogados han insistido en que el expresidente es víctima de persecución política, racismo estructural y un sistema que —afirman— aplicó criterios distintos frente a funcionarios de élite investigados por casos similares.

Racismo estructural: ¿la palabra clave?

Para un sector de analistas, la historia de Pedro Castillo no puede entenderse sin considerar el racismo. Su origen andino, su forma de hablar, su vestimenta y su identidad campesina fueron objeto de burlas, estigmatización mediática y discursos discriminatorios. El “terruqueo”, el “choleo” y la descalificación por su procedencia rural marcaron muchos de los ataques que recibió durante y después de la campaña.

Organizaciones sociales sostienen que Castillo fue juzgado no solo por sus errores, sino por no ajustarse al perfil de presidente tradicional en el Perú: urbano, tecnócrata y perteneciente a grupos socioeconómicos privilegiados.

Para otros sectores, el racismo no justifica su desempeño: argumentan que la falta de gestión, la improvisación y las acusaciones de corrupción fueron determinantes en su caída.

Un país partida en dos narrativas

El caso Castillo permanece, hasta hoy, dividido entre dos interpretaciones irreconciliables:

1. La versión de persecución y racismo:
– Ganó legítimamente.
– Fue hostigado desde el primer día.
– Se le aplicaron criterios judiciales diferenciados.
– La narrativa del “golpe” fue exagerada para justificar su salida.

2. La versión institucionalista:
– Intentó romper el orden constitucional.
– Su gobierno fue incapaz de sostenerse.
– Hubo presuntas redes de corrupción en su entorno.
– Su detención fue consecuencia de su propia decisión política.

Lo cierto es que, a tres años de su caída, el caso sigue siendo un espejo del Perú contemporáneo: un país con fracturas profundas, tensiones históricas no resueltas y una democracia debilitada por la desconfianza.

Un protagonista que sigue dividiendo opiniones

Pese a las condenas y al desgaste político, Pedro Castillo mantiene apoyo en sectores rurales y comunidades del sur andino. Sus discursos desde prisión enfatizan que es un “preso político” y que fue destituido por no pertenecer a las élites tradicionales.

En cada aparición pública, aunque sea a través de breves saludos a periodistas o familiares, Castillo conserva un tono desafiante y señala que “la historia lo absolverá”.

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